Discapacidad, Incapacidad, Tribunal Supremo y Centros Especiales de Empleo

Hoy hablo de las medidas que van a empezar a tomar los centros especiales de empleo ante los pronunciamientos que ha hecho el Tribunal Supremo en las tres sentencias que unifican doctrina sobre los derechos relativos al reconocimiento automático de la discapacidad del 33% de las personas que tienen reconocida una incapacidad permanente total, absoluta o de Gran Invalidez.

Las sentencias del Tribunal Supremo

Las sentencias de las que hablaré son la STS 992, STS 993 y STS 994 del 29 de noviembre de 2018.

Sentencia 992

Se refiere a una sentencia en la que a un trabajador con una IPT, se le valoró con un 18% y no un 33% como se supone que debería corresponderle.

Recurrió la decisión ante el Juzgado de lo Social n.º 1 de León, que estimó la demanda y le concedió efectivamente el 33%. Posteriormente, la Gerencia Territorial de los Servicios Sociales de Castilla y León, recurrió a su vez la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de León, que retira el 33% y vuelve a conceder solo el 18% inicial.

Sentencia 993

Parte de unos hechos similares a la anterior, un empleado obtiene una incapacidad permanente total, solicita la valoración de su discapacidad, y se le otorga un 29%, recurre ante el Juzgado de lo Social n.º 1 de Ciudad Real, que desestima su demanda. Vuelve a recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, siendo, igualmente, desestimado.

Sentencia 994

También muy semejante a las anteriores, un particular solicita el grado de discapacidad teniendo una IPT pero solo logra un 10% recurre y, como en la 993 el Juzgado de lo Social n.º 1 de Ciudad Real desestimó la demanda, al igual que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha.

Estas tres sentencias entran en conflicto con otras sentencias existentes en nuestro país, en las que se reconoce el 33% de discapacidad, admitiendo que solo por ser beneficiarios de una incapacidad permanente total, automáticamente se debe reconocer dicho grado.

La postura del Tribunal Supremo

El TS argumenta que el gobierno que aprobó el Real Decreto Ley 1/2013 se excedió al unir las normas sobre la discapacidad (como le habilitaba para ello la Ley 26/2011). Porque, además de refundir los textos, les sumaba más beneficios respecto a los que había en las leyes anteriores.

Terminó estipulando que no todas las personas con IP total, absoluta o Gran Invalidez tienen los mismos derechos que los discapacitados que ostentan un grado 33% o superior.

Desde ese momento, se establece que una persona con el 33% de discapacidad tendrá todos los beneficios que le conferían las leyes 13/1982, 51/2003 y 26/2011. Pero las personas que obtienen ese 33% de forma automática por tener reconocida una incapacidad permanente  solo tendrán los derechos que se derivan de la ley 51/2003 (de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal).

Los Centros Especiales de Empleo

A partir de ahora, se diferencian los derechos y beneficios sociales de trabajadores que han accedido a un puesto protegido destinado a discapacitados solo por tener una Incapacidad Permanente.

Algunos Centros Especiales de Empleo, según la provincia española de que se trate, están empezando a tomar diversas medidas:

  • No contratar personas con una IPT que no tengan reconocido también un grado de discapacidad del 33% por el centro base.
  • Contratar a quien tenga IPT y reconocido el 33% de discapacidad.
  • Hacer que los trabajadores que ya tienen contratados con una IPT y no están valorados por el centro base, soliciten ser valorados y dependiendo de la valoración, su futuro en la empresa puede ser uno u otro.

Conclusión final

Lo que se espera es que, o bien cambie la ley o lo haga la doctrina del Tribunal Supremo para equiparar la Incapacidad Permanente Total al 33% de discapacidad pero, mientras tanto, lo que nos queda es acatar estas decisiones que van a adoptar los Centros Especiales de Empleo.

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