Discapacidad en junio en el BOE (II)

La pasada semana traje la primera parte del resumen de la legislación sobre discapacidad en junio y ahora traigo la segunda en la que se publica la revisión de la Carta Social Europea, que incluye multitud de aspectos en materia de discapacidad, así como la Resolución de 24 de junio de 2021, de la Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de junio de 2021, por el que se aprueba el Plan Garantía Juvenil Plus 2021-2027 de trabajo digno para las personas jóvenes.

Viernes 11 de junio de 2021 

Se publica el Instrumento de Ratificación de la Carta Social Europea (revisada), hecha en Estrasburgo el 3 de mayo de 1996. 

Respecto a discapacidad contiene lo siguiente: 

En la Parte I del Preámbulo, establece que las Partes reconocen como objetivo de su política, que habrá de seguirse por todos los medios adecuados, tanto de carácter nacional como internacional, el establecimiento de las condiciones en que puedan hacerse efectivos los derechos y principios siguientes: 

15. Toda persona discapacitada tiene derecho a la autonomía, a la integración social y a la participación en la vida de la comunidad. 

El artículo 9 reconoce el derecho a la orientación profesional y dice que: 

“para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la orientación profesional, las Partes se comprometen a establecer o facilitar, según se requiera, un servicio que ayude a todas las personas, incluidos los discapacitados, a resolver los problemas que plantea la elección de una profesión o la promoción profesional, teniendo en cuenta las características del interesado y su relación con las posibilidades del mercado de empleo; esta ayuda deberá ser prestada gratuitamente tanto a los jóvenes, incluidos los niños en edad escolar, como a los adultos”. 

En el artículo 10 se establece el derecho a la formación profesional de la siguiente forma: 

“Para afianzar el ejercicio efectivo del derecho a la formación profesional, las Partes se comprometen: 

1. A asegurar o favorecer, según se requiera, la formación técnica y profesional de todas las personas, incluidos los discapacitados, previa consulta con las organizaciones profesionales de empleadores y trabajadores, y a arbitrar medios que permitan el acceso a la enseñanza técnica superior y a la enseñanza universitaria, con base únicamente en el criterio de la aptitud individual; 

2. A asegurar o favorecer un sistema de aprendizaje y otros sistemas de formación de los jóvenes de ambos sexos en sus diversos empleos; 

3. A prestar o favorecer, según se requiera: 

a) Servicios apropiados y fácilmente accesibles para la formación de trabajadores adultos; 

b) Servicios especiales para la reconversión profesional de trabajadores adultos requerida por el desarrollo técnico o por un cambio de tendencias en el mercado de trabajo; 

4. A asegurar o favorecer, según se requiera, medidas particulares de reciclaje y de reinserción de los parados de larga duración; 

5. A alentar la plena utilización de los servicios previstos, y ello mediante medidas adecuadas tales como: 

a) La reducción o la supresión del pago de cualesquiera derechos y gravámenes; 

b) La concesión de una asistencia financiera en los casos en que proceda; 

c) Inclusión, dentro del horario normal de trabajo, del tiempo dedicado a los cursos  suplementarios de formación seguidos por el trabajador, durante su empleo, a petición de  su empleador; 

d) La garantía, por medio de un control adecuado, previa consulta con las organizaciones  profesionales de empleadores y trabajadores, de la eficacia del sistema de aprendizaje y de  cualquier otro sistema de formación para trabajadores jóvenes y, en general, de la adecuada  protección a los trabajadores jóvenes”. 

El artículo 15, por último, nos concreta el derecho de las personas discapacitadas a la autonomía, a la integración social y a la participación en la vida de la comunidad, de la siguiente forma: 

“Para garantizar a las personas discapacitadas, con independencia de su edad y de la naturaleza y el origen de su discapacidad, el ejercicio efectivo del derecho a la autonomía, a la integración social y a la participación en la vida de la comunidad, las Partes se comprometen, en particular: 

1. a tomar las medidas adecuadas para procurar a las personas discapacitadas orientación, educación y formación profesional en el marco del régimen general, siempre que sea posible, o, en caso contrario, a través de instituciones especializadas, ya sean públicas o privadas; 

2. a promover su acceso al empleo mediante todas las medidas encaminadas a estimular a los empleadores para que contraten y mantengan empleadas a las personas discapacitadas en el entorno habitual de trabajo y a adaptar las condiciones de trabajo a sus necesidades o, cuando ello no sea posible por razón de la discapacidad, mediante el establecimiento o la creación de empleos protegidos en función del grado de incapacidad. Estas medidas pueden exigir, en determinados casos, el recurso a servicios especializados de colocación y de apoyo; 

3. a promover su plena integración y participación social, en particular, mediante la aplicación de medidas, incluidas las ayudas técnicas, dirigidas a superar las barreras a la comunicación y a la movilidad y a permitirles acceder a los transportes, a la vivienda, y a las actividades culturales y de ocio”. 

He querido dejar el término discapacitado/a y no sustituirlo por persona con discapacidad, porque es literalmente así como aparece en la norma. 

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Viernes 25 de junio de 2021 

La Resolución de 24 de junio de 2021, de la Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de junio de 2021, por el que se aprueba el Plan Garantía Juvenil Plus 2021-2027 de trabajo digno para las personas jóvenes, persigue integrar el principio antidiscriminatorio en todas las acciones, no solo por razón de género, sino también por edad, ideología o convicciones, discapacidad u orientación sexual. 

Del mismo modo, fija entre los objetivos del Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021 el siguiente: 

Atender especialmente a los colectivos especialmente vulnerables (personas migrantes, personas paradas de larga duración, personas con discapacidad, etc.) 

Entre las características generales del Garantía Juvenil Plus contiene que persigue integrar el principio antidiscriminatorio en todas las acciones, no solo por razón de género, sino también por edad, ideología o convicciones, discapacidad u orientación sexual. Garantía Juvenil Plus debe ser un espacio de integración en el mercado laboral que potencie el respeto a los Derechos Fundamentales, que se sustente en la diversidad de las personas y que garantice el derecho a la no discriminación por cualquier causa. 

Entre los servicios de orientación especializados está el de orientación para el desarrollo de acciones integrales de empleo para el colectivo joven con discapacidad. 

La resolución dicta unos ejes de actuación y medidas propuestas: 

Eje 1 Orientación 

Medida 11 Orientación en las acciones integrales de empleo dirigidas al colectivo joven con discapacidad 

Alcance 

Uno de los colectivos que presentan mayores dificultades para iniciar un proyecto laboral son las personas jóvenes con discapacidad. La tasa de paro entre las personas jóvenes con discapacidad era del 34%, muy superior a la media de la población en edad laboral con una tasa del 15,1%, según los datos del último informe de empleo de las personas con discapacidad, publicado por el Instituto Nacional de Estadística en diciembre de 2019. 

Dichas diferencias de acceso al mercado de trabajo siguen manteniéndose en el análisis de la tasa de actividad, mientras las personas jóvenes menores de 24 años llegan al 36,9%, la media de la población activa era del 77,6%. Igualmente cabe destacar que el 27% de las personas demandantes de empleo paradas menores de 25 años con discapacidad son de larga duración. 

El 36,9% de las personas jóvenes con discapacidad se encuentran en situación de riesgo de pobreza o exclusión social en España, según los datos recogidos por Odismet, el Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo, de 2018, de Fundación ONCE. 

Las iniciativas que se desarrollen en esta acción contarán con una perspectiva de inclusión plena en todo el tejido productivo español y no solo mediante la integración en el mercado laboral a través de Centros Especiales de Empleo. 

Instrumentos 
  • Apoyo a la figura de la persona mediadora u orientadora sociolaboral: se incidirá especialmente en la necesaria formación y cualificación específica en este ámbito de las personas orientadoras.
  • Creación de otra línea de financiación de acciones de visibilidad e inclusión de la discapacidad en el marco del empleo: especialmente para favorecer políticas de Responsabilidad Social Corporativa (RSC). 
  • La realización de campañas de sensibilización en el ámbito empresarial sobre la situación de las personas con discapacidad: se realizarán a través de foros, ferias, eventos o encuentros entre empresas y personas jóvenes. 

MEDIDA 15: Orientación dirigida a personas jóvenes con responsabilidades familiares 

Alcance 

Esta medida se dirige a las personas desempleadas con responsabilidades familiares, con especial atención a aquellas personas que no cuenten con una red social y familiar de apoyo, entendiéndose como tal, la persona en situación de desempleo que vive con hijas e hijos menores a su cargo, personas con discapacidad o personas en situación de dependencia. Si bien cada vez hay un mayor número de hombres en esta situación, existe un colectivo de mujeres cuyas cargas de cuidado, a menudo no visibles, dificultan su incorporación a procesos normalizados de empleo o cualificación profesional. 

Instrumentos 

Orientación: esta medida se compone de una primera fase de orientación de la persona joven que ha salido del entorno educativo, formativo y laboral. La orientación comprenderá también información acerca de derechos de conciliación y corresponsabilidad, así como de los derechos laborales vinculados a los Derechos Fundamentales, particularmente el de no discriminación y los derechos de representación para el ejercicio de sus derechos. 

Programa formativo: en una segunda fase, se realizará un programa tendente a la adquisición de habilidades laborales y formativas en oficios relacionados con servicios de proximidad, en el caso de que las circunstancias de la persona lo aconsejaran. Esta etapa formativa podrá articularse por medio de contratos formativos. 

Herramientas digitales: se establecerán herramientas digitales con el objetivo de participar en la formación de manera presencial o a distancia, permitiendo así la conciliación y favoreciendo la finalización de la etapa formativa si fuera el caso. 

EJE 3: Oportunidades de empleo 

El Eje 3 comprende las actuaciones o actividades que tienen por objeto incentivar la contratación, la creación de empleo o el mantenimiento de los puestos de trabajo, particularmente para aquellos colectivos que tienen mayor dificultad en el acceso o permanencia en el empleo, con especial consideración a la situación de las personas con discapacidad, personas en situación de riesgo de exclusión social, entre ellas las personas beneficiarias del ingreso mínimo vital, personas con responsabilidades familiares, y de las mujeres víctimas de violencia de género. 

EJE 4: Igualdad de oportunidades en el acceso al empleo 

Se busca, entre otros objetivos, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor. 

MEDIDA 55: “Servicio puente” para personas jóvenes con discapacidad 

Alcance 

Como se vio en el eje 1, uno de los colectivos que presentan mayores dificultades para iniciar un proyecto laboral son las personas jóvenes con discapacidad, con una tasa de paro entre las personas jóvenes con discapacidad muy superior a la media de la población en edad laboral. 

Dichas diferencias de acceso al mercado de trabajo siguen manteniéndose en el análisis de la tasa de actividad. 

Personas jóvenes con discapacidad se encuentran en situación de riesgo de pobreza o exclusión social en España. 

La carencia formativa es un gran obstáculo para insertarse en el mercado laboral actual. Está demostrado que el nivel formativo es determinante y marca la entrada al mundo laboral. Las personas jóvenes con discapacidad suelen tener dificultades para terminar sus estudios reglados o de Formación Profesional, motivado, en parte, por falta de recursos de educación inclusiva. Esto aumenta la brecha laboral que existe actualmente entre las personas jóvenes con discapacidad del resto de la población joven. 

Además, este colectivo tiene grandes dificultades para finalizar la Educación Secundaria Obligatoria, lo que supone una dificultad añadida para su desarrollo personal y profesional. Por tanto, sigue habiendo dificultades para llegar a estas personas jóvenes que abandonan los estudios, pasan inadvertidas, y quedan, en muchas ocasiones, limitadas a sus entornos familiares sin proyectos de vida laboral. 

Instrumentos 
  • Se reforzarán los Programas de Servicio Puente del mundo educativo al laboral a través del empleo con apoyo, que podrá ser desarrollado por entidades sociales sin ánimo de lucro especializadas en el colectivo de personas jóvenes con discapacidad. 
  • Se apoyará la contratación de preparadoras/es laborales en metodología de empleo con apoyo para el desarrollo de los itinerarios personalizados de inserción, con el eje central de favorecer un empleo digno, de calidad y de autonomía personal. 
  • Se financiará la adquisición de materiales para el desarrollo de talleres y metodologías de habilidades prelaborales incluyendo una específica relacionada con plataformas de teleformación y redes sociales. 

Si todavía sigues teniendo dudas por resolver, puedes solicitar una consulta por mail, o reservar una sesión por skype, de ambas formas daré respuesta a tus dudas de una forma que sea fácil de entender y de forma que quede totalmente resuelta.