Avance en equiparación discapacidad e incapacidad

La sentencia 203/21 del Tribunal Contencioso administrativo de Sevilla, da un rayo de esperanza a los trabajadores que tuviesen su resolución de equiparación de su incapacidad y el 33% de discapacidad del centro de valoración con anterioridad al 28 de noviembre de 2018. 

Analicemos la sentencia 

El SEPE sostiene que no cabe extender las medidas de fomento de empleo de personas con discapacidad a los pensionistas de Seguridad Social o clases pasivas titulares de pensiones de invalidez permanente, ya que no pueden ampararse en el artículo 4.2 LDPD que decía lo siguiente: 

“Además de lo establecido en el apartado anterior, y a todos los efectos, tendrán la consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. Se considerará que presentan una discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y a los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad” 

Que fue declarado nulo por incluir la frase “a todos los efectos”, lo que el TS entendió que era un exceso de delegación por parte de los legisladores. 

Argumentos de la parte demandante 

La parte actora opone que la propuesta de resolución no sólo desestima los importes solicitados respecto a los trabajadores que teniendo una incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez, no disponen de una resolución del Centro de Valoración y Orientación en la que se les reconozca un grado de discapacidad, sino que también respecto de los que sí disponen de dicha resolución. 

Los trabajadores afectados por la demanda tienen una resolución del Centro de Valoración y Orientación en la que se les reconoce un grado de discapacidad del 33% aun cuando dicha discapacidad fuese reconocida en base a la asimilación que contenía el artículo 4.2 LDPD, afectado por la declaración de exceso de delegación («ultra vires»). 

Considera que las resoluciones del Centro de Valoración y Orientación que reconoce a dichos trabajadores un porcentaje igual o superior al 33 por ciento siguen desplegando sus efectos mientras que la Administración no inste la declaración de lesividad de actos anulables. 

Los trabajadores que cuentan con una resolución del Centro de Valoración y Orientación que les reconoce la condición de personas con discapacidad, siguen teniendo dicha condición a todos los efectos, aun cuando dicha condición fue reconocida en virtud de un precepto que ha sido declarado con posterioridad ultra vires. Lo contrario alega el recurrente que supone una vulneración de lo dispuesto en el artículo 9 de la Constitución Española, que recoge el principio básico de seguridad jurídica y que impone que se deban respetar las situaciones que ya fueran firmes en el momento de dictarse las sentencias. 

Concretamente, el artículo 9.3 dice lo siguiente: 

“La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.” 

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¿Por qué deniegan la subvención de los trabajadores? 

La resolución de concesión contiene un Anexo en el que se especifican las causas de denegación de la ayuda respecto de los trabajadores, siendo común a todas ellas la denegación en base al código 5, es decir, porque: 

«El contrato de trabajo por el que se solicita el incentivo se formalizó con posterioridad al 28 de noviembre de 2018 con persona pensionista de la Seguridad Social, titular de una pensión de Incapacidad Permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez o pensionista de clases pasivas con pensión de jubilación o retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad y no tiene reconocida una discapacidad en grado igual o superior al 33%». 

Se trata de los trabajadores que cuentan con una resolución del Centro de Valoración y Orientación que les reconoce la condición de personas con discapacidad, al considerar la actora que siguen teniendo dicha condición a todos los efectos, aun cuando dicha condición fue reconocida en virtud de un precepto que ha sido declarado con posterioridad ultra vires. 

¿Qué decide el tribunal? 

Estos trabajadores aunque fueron contratados por la empresa con posterioridad al 28 de noviembre de 2018, tenían reconocido por el Centro de Valoración y Orientación una discapacidad igual o superior al 33% y, por tanto, hemos de mostrar conformidad con el recurrente en el sentido de que mientras la Administración no declare lesivo para el interés público dichas resoluciones de reconocimiento del grado de discapacidad y no sean anulados judicialmente, han de considerarse válidas y producen todos sus efectos. 

Estos trabajadores tenían la consideración de personas con discapacidad a todos los efectos, no por aplicación del artículo 4.2 LDPD, sino porque tenían reconocida dicha condición por una resolución administrativa que no había sido revocada y aun cuando estuviera condicionada a su condición de pensionistas de una incapacidad permanente. 

Procede anular la resolución recurrida por no ser conforme a derecho, debiendo la administración proceder a la concesión de la ayuda respecto de los trabajadores. 

Si todavía sigues teniendo dudas por resolver, puedes solicitar una consulta por mail, o reservar una sesión por skype, de ambas formas daré respuesta a tus dudas de una forma que sea fácil de entender y de forma que quede totalmente resuelta.