No equiparación IPT al 33% de discapacidad

Nueva sentencia del Tribunal Supremo, del 19 de febrero, que ratifica la doctrina que fijó en las anteriores que ya se trataron en los artículos IPT no siempre equivale al 33% de discapacidad y en Discapacidad, Incapacidad, Tribunal Supremo y Centros Especiales de Empleo de la no equiparación de la IPT al 33% de discapacidad.

En este caso los hechos son los siguientes: 

  • Al demandante fue reconocida la pensión de incapacidad permanente total para su profesión habitual por resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social. 
  • Posteriormente, solicitó el reconocimiento del grado de discapacidad y le fue reconocido un grado de discapacidad del 12%. 
  • Presentó una reclamación y, en la parte dispositiva de la sentencia se dijo lo siguiente: <<Que estimando la demanda […] declaro que el demandante presenta una discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento>>. 
  • Tras un recurso de suplicación desestimado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma correspondiente, se presentó recurso de casación ante el Tribunal Supremo. 

Base legal para la no equiparación de la Incapacidad Permanente Total al 33% de discapacidad

Lo que hay que dilucidar es si, a partir de la aprobación del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, los perceptores de pensiones de Seguridad Social por encontrarse en situación de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez ostentan automáticamente a todos los efectos tal condición de personas con discapacidad o si la equiparación se limita únicamente a los efectos previstos en la mencionada Ley y normas de desarrollo. 

La sentencia que estimó la reclamación y declaraba que el demandante tenía un 33% se apoyó en lo dispuesto en el art. 4.2 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, que dice textualmente lo siguiente: 

<<Además de lo establecido en el apartado anterior, y a todos los efectos, tendrán la consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. Se considerará que presentan una discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y a los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad>>. 

El Tribunal Supremo, en sentencias de 29-11-2018, rec. 239/2018, 3382/16 y 1826/2017, concluyó que el RDL 1/2013 incurrió en «ultra vires» por exceder la delegación normativa que le habilitaba para la refundición de los textos legales precedentes, en tanto que en su art. 4.2 modificó el contenido de la regulación legal a refundir y sobrepasó de esta forma el mandato del legislador, al introducir que el 33% de discapacidad lo era a todos los efectos. 

¿Qué significa “ultra vires”? 

El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, nace de la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que en su Disposición Final Segunda, autoriza al Gobierno para la refundición de textos legales en la materia, y ordena que <<El Gobierno elaborará y aprobará antes del 31 de diciembre de 2013 y previa consulta al Consejo Nacional de la Discapacidad, un Texto Refundido en el que se regularicen, aclaren y armonicen la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos, la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y la Ley 49/2007, de 26 de diciembre, de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad>>. 

Refundir textos legales es recoger y unificar varias leyes que regulan la misma materia y tienen mismo rango jerárquico para unirlas en un único texto. 

Pues bien, lo que ocurrió es que la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad modificó el art. 1.2 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre que pasó a ser: <<[…] a los efectos de esta Ley, tendrán la consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. En todo caso, se considerarán que presentan una discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y a los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad>>. 

En la refundición, como hemos visto antes, ese a los efectos de esta ley, pasó a ser a todos los efectos lo que suponía un exceso en la delegación legislativa, ya que al sustituir la frase, provoca una alteración del texto que debía refundir hasta el extremo de que conduciría a una interpretación contraria a la mantenida hasta ahora por el Tribunal Supremo conforme al contenido de la norma que el legislador no ha querido variar. 

Esa alteración del texto no se debió haber producido ya que, como he mencionado arriba, el mandato era recoger y unificar las leyes y unirlas en un único texto. Esa extralimitación de funciones es lo que se denomina “ultra vires”. 

Conclusión 

La no equiparación de la Incapacidad Permanente Total al 33% de discapacidad, es debida a una mala refundición de textos legislativos, que provocó que el poder legislativo se extralimitase en sus funciones. 

Ello provocó que el Tribunal Supremo anulase la equiparación que se mencionaba en el art. 4.2 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.

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2 comentarios en “No equiparación IPT al 33% de discapacidad”

  1. Hola me han concedido una ipt en noviembre de 2019.
    He solicitado a la xunta de Galicia la tarjeta de incapacidad y me la han denegado y me conceden un 24% tengo 30 días para recurrir. Que puedo hacer.
    Un saludo

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    • Hola Higinio,
      Yo lo que te aconsejo es que recopiles toda la mayor información que puedas tener sobre el motivo por el que solicitaste la discapacidad, por si hubiese algo que no has aportado y pudiera hacer que ese grado fuese distinto.
      Un saludo

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