Trato salarial desigual en Centros Especiales de Empleo

El pasado 12 de noviembre se celebró un juicio donde la Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo, entre otras cosas, impugnaba el artículo 29.2 del XV Convenio Colectivo general de centros y servicios de atención a personas con discapacidad porque distingue salarialmente los CEE de iniciativa social y económica, lo que supondría que dos trabajadores que realizan el mismo trabajo en un centro especial de empleo de iniciativa social o económica tendrían un salario diferente. 

El 14 de noviembre se dictó sentencia donde se desestimaba dicho punto, con los siguientes fundamentos de derecho: 

El artículo en sí, dice lo siguiente Los centros especiales de empleo que no tengan la consideración de iniciativa social de acuerdo con lo establecido en el artículo 43.4 de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, cuando presten servicios a terceros indistintamente de la modalidad jurídica utilizada, se regularan en materia salarial por lo establecido en el Convenio colectivo del sector de actividad en el que los trabajadores realicen sus tareas siempre que las retribuciones fijadas en éstos sean superiores a las establecidas en las tablas salariales del presente Convenio. 

Igualmente, los centros especiales de empleo regulados en el citado artículo 43.4 que tengan personal realizando alguna actividad dentro de la administración pública o trabajando directamente para ella, a través de cualquier forma de licitación, serán retribuidos según los Convenios que resulten de aplicación para la actividad y puestos de los trabajadores a excepción de aquellos que liciten vía contratación reservada. Esta afectación a las tablas salariales relativas a la actividad que realicen los trabajadores será de aplicación para los procesos de licitación que se publiquen posteriormente a la entrada en vigor de este Convenio y así lo establezcan los mencionados procesos. 

Se impugna porque se introduce una doble escala salarial, que ni es idónea, ni es razonable, ni es proporcionada, por cuanto los centros especiales de empleo de iniciativa social y económica son empresas similares, por cuanto desarrollan una actividad productiva de bienes o de servicios, participan regularmente en las operaciones del mercado, y tienen como finalidad el asegurar un empleo remunerado para las personas con discapacidad y, a la vez son un medio de inclusión del mayor número de estas personas en el régimen de empleo ordinario, para lo cual deben prestar, a través de las unidades de apoyo, los servicios de ajuste personal y social que requieran las personas trabajadoras con discapacidad, según sus circunstancias y conforme a lo que se determine reglamentariamente. 

El trato salarial diferenciado comporta una prima injustificada a los centros especiales de empleo de iniciativa social, puesto que sus costes serán muy inferiores a los soportados por los centros especiales de empleo de iniciativa económica, que no podrán competir con los primeros en el mercado 

Los demandados y el Ministerio Fiscal se opusieron, ya que se trata de dos realidades empresariales completamente distintas, aunque unas y otras tengan por finalidad asegurar un empleo remunerado para las personas con discapacidad, a la vez que son un medio de inclusión del mayor número de estas personas en el régimen de empleo ordinario, para lo cual están obligadas a prestar, a través de las unidades de apoyo, los servicios de ajuste personal y social que requieran las personas trabajadoras con discapacidad, por cuanto los centros especiales de empleo de iniciativa social, a diferencia de los de iniciativa económica, carecen de afán de lucro y están obligados legalmente a la reinversión íntegra de sus beneficios para creación de oportunidades de empleo para personas con discapacidad y la mejora continua de su competitividad y de su actividad de economía social, teniendo en todo caso la facultad de optar por reinvertirlos en el propio centro especial de empleo o en otros centros especiales de empleo de iniciativa social. 

Los Centros Especiales de Empleo de iniciativa social no reparten beneficios entre sus promotores o socios, a diferencia de los de iniciativa económica, cuyo objetivo, además de emplear al mayor número de discapacitados que puedan, es obtener los máximos beneficios. 

La resolución del litigio exige reproducir lo dispuesto en el art. 43 del RDL 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, en la versión dada por la Ley 9/2017, que regula los centros especiales de empleo para la inclusión laboral de las personas con discapacidad y dice textualmente lo siguiente: 

Los centros especiales de empleo son aquellos cuyo objetivo principal es el de realizar una actividad productiva de bienes o de servicios, participando regularmente en las operaciones del mercado, y tienen como finalidad el asegurar un empleo remunerado para las personas con discapacidad; a la vez que son un medio de inclusión del mayor número de estas personas en el régimen de empleo ordinario. Igualmente, los centros especiales de empleo deberán prestar, a través de las unidades de apoyo, los servicios de ajuste personal y social que requieran las personas trabajadoras con discapacidad, según sus circunstancias y conforme a lo que se determine reglamentariamente. 

Tendrán la consideración de Centros Especiales de Empleo de iniciativa social aquellos que son promovidos y participados en más de un 50 por ciento, directa o indirectamente, por una o varias entidades, ya sean públicas o privadas, que no tengan ánimo de lucro o que tengan reconocido su carácter social en sus Estatutos, ya sean asociaciones, fundaciones, corporaciones de derecho público, cooperativas de iniciativa social u otras entidades de la economía social, así como también aquellos cuya titularidad corresponde a sociedades mercantiles en las que la mayoría de su capital social sea propiedad de alguna de las entidades señaladas anteriormente, ya sea de forma directa o bien indirecta a través del concepto de sociedad dominante, regulado en el artículo 42 del Código de Comercio, y siempre que en todos los casos en sus Estatutos o en acuerdo social se obliguen a la reinversión íntegra de sus beneficios para creación de oportunidades de empleo para personas con discapacidad y la mejora continua de su competitividad y de su actividad de economía social, teniendo en todo caso la facultad de optar por reinvertirlos en el propio centro especial de empleo o en otros centros especiales de empleo de iniciativa social. 

La jurisprudencia, por todas STS 3-11-2004, rec. 180/2003, que confirmo STSJ Galicia 1-07-2003, rec.6/2003, ha examinado si concurre o no vulneración del principio de igualdad, cuando se establecen distintas tablas salariales en el convenio para los centros especiales de economía social y empresarial, concluyendo lo siguiente: 

No se ha producido la infracción del artículo 14 CE, que el recurrente alega con fundamento en que el convenio beneficia a unos centros de empleo en los que tiene mayor representación en detrimento de otros. 

A tenor de la jurisprudencia ordinaria y constitucional no puede sostenerse que sea contrario a la igualdad, el tratamiento diferente, pues lo que exige el principio de igualdad, que proclama el artículo 14 CE , es que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas, de modo que lo que no puede admitirse es la utilización de elementos de diferenciación que quepa calificar de arbitrarios o carentes de justificación por no venir justificados en criterios objetivos y razonables, según criterios o juicios de valor generalmente aceptados ( STS 30 de abril de 1994 y 1 de junio de 1996 ). 

No cabe sostener, en este caso, que la desigualdad establecida en el convenio este desprovista de justificación objetiva y razonable. No son iguales los supuestos de hecho, ni existe igualdad de situación en los centros regulados por el convenio. Los centros de empleo de economía social y sin ánimo de lucro reúnen características singulares, que justifican el tratamiento diferenciado respecto a otros centros con otra estructura o modelo empresarial. Así, pues, la dispar regulación ni viola el principio de igualdad ante la ley -convenio-, ni mucho menos viene afectado por el móvil discriminatorio que se tipifica en el repetido artículo 14 C.E., y se recuerda en el artículo 17 ET. 

La Sala comparte la tesis antes dicha, por cuando no estamos ante empresas iguales, aun cuando los centros especiales de empleo de iniciativa social y empresarial compartan finalidades, estén obligados a desplegar unidades de apoyo para alcanzar sus fines y tengan que contratar un mínimo del 70% de discapacitados en sus plantillas, puesto que las primeras carecen de afán de lucro y están obligadas a reinvertir todos sus beneficios en la consecución de sus fines o en los propios centros especiales de empleo, mientras que las segundas, cuya contribución a la empleabilidad y a la integración social de los discapacitados es patente, puesto que el empleo es la fórmula más enérgica de integración social, tienen, además, otro objetivo, al igual que el de cualquier otra empresa, consistente en obtener el máximo beneficio para sus dueños. 

Consiguientemente, el trato salarial desigual, establecido en el art. 29.2 del convenio, no vulnera el principio de igualdad, garantizado por el art. 14 CE, en relación con el art. 17 ET, al tratarse de una medida idónea, razonable y proporcionada para el logro de las finalidades propuestas, por cuanto facilita la activación de los instrumentos necesarios para multiplicar las herramientas de integración de los trabajadores discapacitados, puesto que un menor coste salarial mejorará las posibilidades de contratación de los centros especiales de empleo de iniciativa social en el mercado, lo que incrementará su competitividad y también sus beneficios, lo cual multiplicará las oportunidades de empleo y de integración social de un mayor número de discapacitados, puesto que reinvertirán todos sus beneficios para el logro de dichos objetivos, sin que dicha distinción cierre el mercado a los centros especiales de empleo de iniciativa empresarial, quienes deberán, haciendo honor a su denominación, incrementar su productividad para competir eficientemente.

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